Alicia Cantarero Aparicio

Como subsecretaria de Justicia, participó en el llamado «caso Calama», donde los agentes de la CNI Gabriel Hernández y Eduardo Villanueva, fueron fusilados, por los delitos de doble asesinato y robo de una sucursal bancaria.[2] Allí Alicia (previamente) les había concedido el indulto.[1] Pero Pinochet le devolvió el decreto de absolución y le dijo: "dile a tú ministra que se ponga los pantalones".[1]

Según relató la entonces ministra de Justicia Mónica Madariaga al medio Cambio21;[1] "Yo le dije a Alicia: hago un nuevo decreto pero lo vas a firmar tú como ministra subrogante. Y se hizo un segundo decreto que lo firmó Alicia Cantarero Aparicio, como ministra de Justicia subrogante. Volvió a ir Alicia con el decreto donde Pinochet, denegando el indulto en la forma que el presidente lo había ordenado y él le dijo no”.[1]